En enero de 2023, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) incluyó la Acción Directa de Inconstitucionalidad – ADI nº 5090 en la agenda de juicios para el 20/04/2023. El objeto de la acción se refiere a la posibilidad de sustitución de la Tasa Referencial (TR) por el Índice de Precios al Consumidor (IPCA) como índice de ajuste monetario de los saldos de las cuentas vinculadas al FGTS, considerando que su aplicación desde 1999 viene causando perjuicios a los titulares de las cuentas por no reflejar la inflación.
En este sentido, se entiende que la actualización monetaria está invariablemente relacionada con la corrección del poder adquisitivo del dinero, que se mide y controla a través de los índices de inflación. Así, para que haya reexpresión monetaria, sería necesario corregir los valores por medio de índices de inflación.
Cabe destacar que el tema en cuestión abarca a todos los trabajadores con contrato de trabajo firmado que hayan tenido o tengan algún recurso en el FGTS durante este período. Por lo tanto, dada la amplia gama de partes interesadas, se puede decir que la búsqueda de una mejor rentabilidad del FGTS ha dado lugar a una avalancha de demandas, que están a la espera de la decisión final del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Teniendo en cuenta el historial de otras decisiones del STF, en particular las que han declarado inconstitucional la aplicación del TR a las órdenes federales de pago (deuda judicial) y las demandas contra el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) (RE 870.947/Tema 810), los expertos creen que la decisión puede ser favorable a una corrección más beneficiosa, pero que debe haber una modulación de sus efectos, permitiendo una revisión retroactiva de los importes para aquellos que presentaron la demanda antes de la decisión. También existe la posibilidad de que la modulación prevea sólo efectos futuros y, en base a estas posibilidades, se recomendó a los interesados que, para no correr el riesgo de quedarse sin la corrección, retroactiva o futura, presentaran las demandas antes de que se juzgara el asunto.
Por otro lado, precisamente por tratarse de un asunto aún por juzgar, así como por el hecho de que el Superior Tribunal de Justicia de Brasil (STJ) ya se pronunció en 2018 sobre la legalidad de la utilización de la TR como índice de ajuste monetario del FGTS, siempre es bueno considerar los riesgos de una decisión desfavorable a los trabajadores, lo que implica la necesidad de asumir los costos procesales y las costas judiciales.
Otro riesgo que se ha discutido sobre el tema está relacionado con la presentación de demandas colectivas como forma de diluir los costos procesales entre todos los participantes, o incluso porque son presentadas por entidades que están exentas de costos procesales. Sin embargo, se considera que estas demandas corren un riesgo considerable de ser desestimadas, debido al carácter individual que tiene cada revisión, según el periodo y el balance de cada titular.
Por lo tanto, dadas las variables que involucran la sentencia en cuestión, estamos a su disposición para proporcionar más aclaraciones, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Gustavo Flausino Coelho – gustavo@bastilhocoelho.com.br
Luís Guilherme Naine de Souza – guilherme@bastilhocoelho.com.br